La publicación del informe “Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas”, en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, ha cifrado en 81.000 millones de euros –46.000 milllones la Administración Central y 35.000 millones las CC.AA. y Ayuntamientos, una cantidad que puede superar los 97.000 millones si se suman obligaciones ya adquiridas– la inversión y los precios inflados en infraestructuras "innecesarias" del Gobierno central (ferrocarriles AVE,s, autopistas y autovías, puertos y aeropuertos, desaladoras...), y en proyectos e inversiones fallidas, vacías o infladas ( equipamientos, parques y ciudades temáticas, carreteras...), que han supuesto consecuencias muy negativas en términos geopolíticos, económicos, sociales, territoriales y medioambientales. Los autores del trabajo destacan 4 formas de despilfarro: corrupción, obras infrautilizadas, proyectos inútiles y priorización inadecuada de inversiones; con prácticas clientelares y trato de favor a grupos de presión con reglas de juego que privilegian a determinados sectores económicos, erosionan el sistema democrático, deterioran el buen funcionamiento de las instituciones y comprometen de forma indebida gran cantidad de recursos públicos. De ese dinero malgastado, una tercera parte corresponde a AVE,s sin criterios de rentabilidad social, estaciones millonarias, líneas cerradas o innecesarias, tramos abandonados, ausencia de análisis coste/beneficio y sobreestimaciones de costes, usuarios o ingresos. Y tras el AVE, aeropuertos –Lérida, Castellón. Logroño, C. Real---, puertos –La Coruña, Gijón...– y carreteras –9 autopistas de peaje, las radiales de Madrid, Burgos-León....– con necesidades exageradas de tráfico y previsión de pasajeros , escasa rentabilidad , funcionamientos deficientes, gestión fraudulenta, precios de coste excesivos e ingresos de explotación insuficientes (y sin sumar los ejemplos del Museo de las Artes y la Fórmula 1 en Valencia, el velódromo de Palma Arena en Mallorca, La Ciudad de la Justicia en Madrid o de la Cultura en Santiago de Compostela...).
Cantabria no ha sido ajena a estos despilfarros y prácticas administrativas e institucionales del Gobierno y muchos ayuntamientos, contagiados de las “virtudes” de la anterior Administración Central en prioridad y reparto de inversiones públicas que se aproximan a los 500 millones de euros entre el coste de obras ilegales e innecesarias, indemnizaciones y compensaciones, o los presupuestos añadidos para restaurar los lugares afectados a su estado original o trasladar y construir de nuevo las infraestructuras demolidas o ilegalizadas. La suma es considerable: El coste de la demolición de la Macrodepuradora de Vuelta Ostrera y su nueva construcción en otro lugar, indemnizaciones por demolición de viviendas ilegales, ampliación del aeropuerto de Parayas, inversiones en macropuertos deportivos –con la última suspensión de pagos del Marina del Cantábrico de Raos en la Bahía de Santander que se añade al rescate del de Laredo y la futura quiebra del de S. Vicente si se empeñan en hacerlo–, los sobrecostes de carreteras e infraestructuras viarias con impactos irreversibles sobre el medio ambiente, paisajes y micropaisajes –puentes, variantes y accesos o "mejoras" en Oyambre, Comillas, Golbardo, Virgen de la Peña, El Soplao, Arenas de Iguña-Anievas-San Vicente de Toranzo, Anero-Pontones-Suesa-Marín, Ajo-Gúemes, Herrera-Riaño de Ibio...–, innecesarios o anulados definitivamente por los tribunales, y el encarecimento de su conservación por la mala calidad de acabados, las reparaciones e intervenciones “demasiado” frecuentes de caminos rurales y la supresión de los cortejos biológicos de setos y rodales de las estructuras de mosaico y los paisajes de cercas, la deforestación sistemática de márgenes e hileras arboladas de las culturas viarias tradicionales ( con las últimas "hazañas" del tramo Golbardo -Novales o la que se pretende inciar con la tala de plátanos centenarios en Comillas entre Solatorre, Rubárcena y La Rabia dentro del Parque Natural de Oyambre), los presupuestos exagerados e indiscriminados de Costas y Confederaciones Hidrográficas en escolleras, encauzamientos o diques –La Magdalena, argayos descomunales en la A-8 y la A-67 y otras vías por la falta de seguimiento de los drenajes laterales, la deforestación de márgenes y los deslizamientos y erosión en taludes de fuerte pendiente, dragados y reposición de arenas en El Puntal de Laredo y el de la Bahía de Santander...–, las deficiencias en las depuradoras al mezclarse las aguas residuales con las pluviales o las industriales, la abundancia de campos de hierba artificial en la España Húmeda....
La mayor parte de estas iniciativas son responsabilidad y competencia de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria que viene presumiendo sin el más mínimo sonrojo de “estar movilizando más de 100 millones en obra pública” en un ejemplo antológico del significado electoralista y el pretendido engaño con la invención de necesidades y el derroche de recursos en asfaltados, infraestructuras viarias, y acondicionamientos –mobiliarios, señalizaciones, áreas recreativas y miradores del automóvil como Rey de la Creación...– que no han hecho más que desnaturalizar o artificializar el Patrimonio Natural y Cultural de la región con diseños estridentes, inversiones sin evaluaciones de impacto ambiental, carencia de estudios previos sobre intensidad de tráfico o marginación de iniciativas prioritarias mucho más baratas con criterios blandos y respetuosos con los entornos afectados..., todo ello en el marco de una carencia de sistemas eficaces de auditorías y análisis rigurosos en la calidad, mantenimiento y conservación de obras e inversiones anteriores –auditorías y análisis que, tampoco, se han realizado en las obras denunciadas por la Geografía del Despilfarro–, y haciendo caso omiso de las propias disposiciones legales que en Cantabria, por ejemplo, siguen ignorando y transgrediendo la propia Ley de Carreteras que no ha declarado ningún tramo de carretera como de especial protección ecológica y paisajística, ha enterrado el proyecto "Carreteras y Paisaje" – "y su detallada cartografía con la clasificación de la calidad paisajística de las carreteras regionales"–, o ha despreciado los criterios proteccionistas de las leyes autonómicas de Patrimonio Cultural, de Conservación de la Naturaleza, de Control Ambiental Integrado..., de las estatales de Costas, Aguas, Montes..., y de las directrices de la UE en la materia.
Y es que la borrachera propagandística en publicidad impresa, audiovisual y digital, las visitas de autoridades y comitivas a los lugares "beneficiados", las retóricas de las notas oficiales, la enumeración reiterada de baldosas, bolardos, adoquines, metros cúbicos y cuadrados, farolas, biondas, arquetas, bordillos y otros testimonios de la didáctica más avanzada para el asfaltado de cerebros en la “Mejora de parques y áreas de recreo”, “Pavimentación y urbanización de núcleos urbanos”, “Reparación de viales y caminos públicos”, “Sustitución de luminarias, soterramientos y eficiencia energética”, “Rehabilitación de edificios públicos”, “Aparcamentos”, “Carriles bici y actuaciones peatonales”, “Accesos y asfaltados en concentraciones parcelarias”, “Rotondas”, “Variantes”, “Pasarelas” “Puentes y aceras”..., oculta, bajo su aparente utilidad, el aumento a toda costa de los márgenes de beneficio y descontrol en la adjudicación y ejecución de las obras públicas –y eso sí, sin haberse avanzado un milímetro en la investigación sobre el fraude sistemático del cartel del asfalto y el hormigón en los sobrecostes y las inflaciones presupuestarias– en perjuicio del gasto social en apoyo o complemento a las pensiones –por ejemplo, en la ayuda a domicilio o la oferta geriátrica pública–, a la dependencia –con servicios auxiliares ahora mismo inexistentes o precarios–, a la sanidad –con el aumento de plantillas y ampliación de horarios de atención o urgencias–, o a la educación para superar sus déficits en personal o dotaciones, sin olvidar la satisfacción de las necesidades en materia de rehabilitación o restauración del Patrimonio Natural y Cultural, de la financiación de la arquitectura bioclimática, de viviendas sociales y medidas antideshaucio, de inversión en I+D+i o en la Universidad, de saneamiento, depuración y reutilización del agua, de movilidad sostenible.... Y todo ello con la complicidad del Decreto 70/30 como señuelo para que la mayoría de los Ayuntamientos secunden filosofía tan depredadora para la hacienda pública y las verdaderas necesidades de la mayoría de la población.
