"La Geografía del Despilfarro: Obras Públicas y Medio Ambiente en Cantabria", por D. Emilio Carrera González, geógrafo y catedrático emérito de Geografía e Historia

La publicación del informe “Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas”, en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles,   ha cifrado en 81.000 millones de euros  –46.000 milllones la Administración Central y 35.000 millones las CC.AA. y Ayuntamientos, una cantidad que puede superar los 97.000 millones  si se suman obligaciones ya adquiridas– la inversión y los precios inflados  en infraestructuras "innecesarias" del Gobierno central (ferrocarriles AVE,s, autopistas y autovías, puertos y aeropuertos, desaladoras...), y en proyectos e inversiones fallidas, vacías o infladas  ( equipamientos, parques y ciudades temáticas, carreteras...),  que han supuesto consecuencias muy negativas en términos geopolíticos, económicos, sociales, territoriales y medioambientales.  Los autores del trabajo destacan 4 formas de despilfarro: corrupción, obras infrautilizadas, proyectos inútiles y priorización inadecuada de inversiones; con prácticas clientelares y trato de favor a grupos de presión con reglas de juego que privilegian a determinados sectores económicos, erosionan el sistema democrático, deterioran el buen funcionamiento de las instituciones y comprometen de forma indebida gran cantidad de recursos públicos. De ese dinero malgastado, una tercera parte corresponde a AVE,s sin criterios de rentabilidad social, estaciones millonarias, líneas cerradas o innecesarias, tramos abandonados, ausencia de análisis coste/beneficio y sobreestimaciones de costes, usuarios o ingresos. Y tras el AVE, aeropuertos –Lérida, Castellón. Logroño, C. Real---, puertos –La Coruña, Gijón...– y carreteras  –9 autopistas de peaje, las radiales de Madrid, Burgos-León....– con  necesidades exageradas de tráfico y previsión de pasajeros , escasa rentabilidad , funcionamientos deficientes, gestión fraudulenta, precios de coste excesivos e ingresos de explotación insuficientes (y sin  sumar los ejemplos del Museo de las Artes y la Fórmula 1 en Valencia, el velódromo de Palma Arena en Mallorca, La Ciudad de la Justicia en Madrid o de la Cultura en Santiago de Compostela...).

 

Cantabria no ha sido ajena a estos despilfarros y prácticas administrativas e institucionales del Gobierno y muchos ayuntamientos, contagiados de las “virtudes” de la anterior Administración Central en prioridad y reparto de inversiones públicas que se aproximan a los 500 millones de euros entre el coste de obras ilegales e innecesarias, indemnizaciones y compensaciones, o los presupuestos añadidos para restaurar los lugares afectados a su estado original o trasladar y construir de nuevo las infraestructuras demolidas o ilegalizadas.  La suma es considerable: El coste de la demolición de la Macrodepuradora de Vuelta Ostrera y su nueva construcción en otro lugar,  indemnizaciones por demolición de viviendas ilegales,  ampliación del aeropuerto de Parayas, inversiones en macropuertos deportivos –con la última suspensión de pagos del Marina del Cantábrico de Raos en la Bahía de Santander que se añade al rescate del de Laredo y la futura quiebra del de S. Vicente si se empeñan en hacerlo–, los sobrecostes de carreteras e infraestructuras viarias con impactos irreversibles sobre el medio ambiente, paisajes y micropaisajes –puentes, variantes y accesos o "mejoras"  en Oyambre, Comillas, Golbardo, Virgen de la Peña, El Soplao, Arenas de Iguña-Anievas-San Vicente de Toranzo, Anero-Pontones-Suesa-Marín, Ajo-Gúemes, Herrera-Riaño de Ibio...–, innecesarios o anulados definitivamente por los tribunales, y  el encarecimento de su conservación por la mala calidad de acabados,  las reparaciones e intervenciones “demasiado” frecuentes de caminos rurales y la supresión de los cortejos biológicos de setos y rodales de las estructuras de mosaico y los paisajes de cercas,  la deforestación sistemática de márgenes e hileras arboladas de las culturas viarias tradicionales ( con las últimas "hazañas" del tramo Golbardo -Novales o la que se pretende inciar con la tala de plátanos centenarios en Comillas  entre Solatorre, Rubárcena y La Rabia dentro del Parque Natural de Oyambre), los  presupuestos exagerados e indiscriminados de Costas y Confederaciones Hidrográficas  en escolleras, encauzamientos o  diques  –La Magdalena, argayos descomunales en la A-8 y la A-67 y otras vías por la falta de seguimiento de los drenajes laterales, la deforestación de márgenes y los deslizamientos y erosión en taludes de fuerte pendiente, dragados y reposición de arenas en El Puntal de Laredo y el de la Bahía de Santander...–, las deficiencias en las depuradoras al mezclarse las aguas residuales con las pluviales o las industriales,  la abundancia de campos de hierba artificial en la España Húmeda....

La mayor parte de estas iniciativas son responsabilidad y competencia de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria que viene presumiendo sin el más mínimo sonrojo de “estar movilizando más de 100 millones en obra pública” en un ejemplo antológico del significado electoralista y el pretendido engaño con la invención de necesidades y el derroche de recursos en asfaltados, infraestructuras viarias, y acondicionamientos –mobiliarios, señalizaciones, áreas recreativas y miradores del automóvil como Rey de la Creación...– que no han hecho más que desnaturalizar o artificializar el Patrimonio Natural y Cultural de la región con diseños estridentes, inversiones sin evaluaciones de impacto ambiental, carencia de estudios previos sobre intensidad de tráfico o marginación de iniciativas prioritarias mucho más baratas con criterios blandos y respetuosos con los entornos afectados..., todo ello en el marco de una carencia de sistemas eficaces de auditorías y análisis rigurosos en la calidad, mantenimiento y conservación de obras e inversiones anteriores –auditorías y análisis que, tampoco, se han realizado en las obras denunciadas por la Geografía del Despilfarro–, y haciendo caso omiso de las propias disposiciones legales que en Cantabria, por ejemplo, siguen ignorando y transgrediendo la propia Ley de Carreteras que no ha declarado ningún tramo de carretera como de especial protección ecológica y paisajística, ha enterrado el proyecto "Carreteras y Paisaje" – "y su detallada cartografía con la clasificación de la calidad paisajística de las carreteras regionales"–, o ha despreciado los criterios proteccionistas de las leyes autonómicas de Patrimonio Cultural, de Conservación de la Naturaleza, de Control Ambiental Integrado..., de las estatales de Costas, Aguas, Montes..., y de las directrices de la UE en la materia.

 Y es que la borrachera propagandística  en publicidad impresa, audiovisual y digital, las visitas de autoridades y comitivas a los lugares "beneficiados", las retóricas de las notas oficiales, la enumeración reiterada de baldosas, bolardos, adoquines, metros cúbicos y cuadrados,  farolas, biondas, arquetas, bordillos y otros testimonios de la didáctica más avanzada para el asfaltado de cerebros en la  “Mejora de parques y áreas de recreo”, “Pavimentación y urbanización de núcleos urbanos”, “Reparación de viales y caminos públicos”, “Sustitución de luminarias, soterramientos y eficiencia energética”, “Rehabilitación de edificios públicos”, “Aparcamentos”, “Carriles bici y actuaciones peatonales”, “Accesos y asfaltados  en concentraciones parcelarias”, “Rotondas”, “Variantes”, “Pasarelas” “Puentes y aceras”..., oculta, bajo su aparente utilidad, el aumento a toda costa de los márgenes de beneficio y descontrol en la adjudicación y ejecución de las obras públicas  –y eso sí, sin haberse avanzado un milímetro en la investigación sobre el fraude sistemático del cartel del asfalto y el hormigón en los sobrecostes y las inflaciones presupuestarias– en perjuicio del gasto social en apoyo o complemento a las pensiones –por ejemplo, en la ayuda a domicilio o la oferta geriátrica pública–, a la dependencia –con servicios auxiliares ahora mismo inexistentes o precarios–, a la sanidad –con el aumento de plantillas y ampliación de horarios de atención o urgencias–,  o a la educación para superar sus déficits en personal o dotaciones, sin olvidar la satisfacción de las necesidades en materia de rehabilitación o restauración del Patrimonio Natural y Cultural, de la financiación de la arquitectura bioclimática, de viviendas sociales y medidas antideshaucio, de inversión en I+D+i o en la Universidad, de saneamiento, depuración y reutilización del agua, de movilidad sostenible.... Y todo ello con la complicidad del Decreto 70/30 como señuelo para que la mayoría de los Ayuntamientos secunden filosofía tan depredadora para la hacienda pública y las verdaderas necesidades de la mayoría de la población.

"Cabildo de Arriba" (Santander), por Rafael Pérez Llano

https://www.eldiario.es/norte/cantabria/primerapagina/Cabildo-Arriba_6_820727941.HTML

Están derribando las últimas ruinas del Cabildo de Arriba. No voy a hacer un lamento por el impacto inexistente de la caída de lo viejo ni siquiera en su respetable acepción de antiguo y memorable. No voy a llorar por Sotileza, que nunca existió, porque prefiero a Casilda, de la cual pocos se acuerdan por su lastre de prisionera de su clase.

La historia de Santander es una descripción de derribos y abandonos. Eso no impide que la propaganda suela referirse a un pasado glorificado por la catástrofe. Quizá el aprecio al recuerdo del incendio vaya más allá de la conmemoración de un día trágico para mucha gente y parte de la querencia se deba a que produjo un espacio en blanco que enseguida se llenó con especulaciones y retranqueos y permitió clasificar aún más a la población en los barrios de la obra sindical vertical. No se recuerdan con el mismo énfasis los abundantes motines por la escasez e insalubridad del agua aunque el PGOU haya sido tumbado (de momento) por olvidarse de ese suministro en un futuro que se sueña masificado.

El Cabildo de Arriba fue barrio pesquero, como mucho antes lo fue el Arrabal (que el grabado de Joris Hoefnagel muestra junto a las redes tendidas en la playa) y luego también Cabildo de Abajo, en Puerto Chico y San Martín y mestizado con obreros de astilleros y fábricas de gas, azúcar y betunes. Cuando los pescadores y descargadoras fueron expulsados de la ciudad (un viejo anhelo de la burguesía de olfato y oídos hipersensibles a las tripas de sarda y al idioma pejino), esa parte arcaica de la calle Alta y las calles y callejas que rodeaban la catedral (entre las que hubo incluso un callejón llamado, como muchos pasos inferiores, del Infierno) tuvo el privilegio contradictorio de quedar como extrarradio interior durante décadas mientras el centro se iba conformando como el preludio del parque temático tópico con que hoy intentan elevar la ciudad a la excelencia turístico-hostelera-cultural.

Parece que Santander nunca favoreció la construcción de una hipótesis sobre sí misma. Me da la sensación (los expertos lo discutirán) de que este territorio y sus gentes estuvieron siempre en permanente transición hacia sí mismos, lo cual, por supuesto, no significa nada, pero queda bien para expresar mi desconcierto.

Se ha señalado que el crecimiento del XVIII llenó la ciudad de inversores inmigrados, muchos de los cuales no procedían de lugares tan lejanos como para romper los lazos con sus orígenes ni siquiera tras los cambios generacionales. Pero resulta evidente que los harineros castellanos, consignatarios vascos, hosteleros franceses, prospectores británicos o tranviarios belgas aprendieron de los hidalgos y banqueros autóctonos a autoproclamarse santanderinos de toda la vida con el mismo desapego irónico, ferviente y felizmente sardineril. A ellos se sumaron las aristocracias trashumantes en un triunfo vacacional y muy rentable debido en parte a pestes y guerras ajenas. La Ilustración entró lo justo para moderar los hábitos con permiso del obispado, pero la revolución industrial no consiguió un buen ensanche y el puerto comercial y pesquero fue empujado sin reparos hacia las marismas interiores.

Cuando la propiedad pasó de vertical a horizontal, el mundo siguió siendo el mismo, pero los negocios aumentaron y la especulación tomó las formas que hoy son ortodoxas, benditas e irrefutables, aunque los poderes (que sin embargo lo eran) no pusieran mucho empeño en imaginar una ciudad separada de la postal de casinos y baños de ola en playas alejadas, de modo que el núcleo urbano se estableció como el desván cultural de un banco (al otro lado de la bahía está el poder verdadero del búnker de datos), su logo, espacio de exhibición en terrazas y poco más.

La plebe, mientras, estaba y está a lo suyo: sobrevivir en los huertos y vaquerías asediados por la urbe, los talleres, las lindes portuarias (donde, como dice el tango, llegan almas de todos los vientos del mundo), los andamios, la hostelería y el precariado habitual. Y a veces, pero sólo cuando el desastre se hace alucinante y cotidiano (TUS), pelea contra el intento municipal de aislar la periferia humilde y blindar la pudiente.

El cabildo-margen se fue volviendo una anomalía enclaustrada en un centro que paradójicamente lo salvaba de la especulación inmediata -cosas del calendario de la ocupación del suelo-, así que cayó lentamente para acomodarse a otros planes, como el del litoral de San Martín, ya prefigurado en cemento, la ladera sur del cerro, de honrosa, pero ya vencida resistencia, y la continuación por el norte y el nordeste de un impersonal paraíso litoral.

No creo que lo que desaparece deba ser conservado; ni por una idea de belleza ni por cuestiones emotivas. Creo que la estética y sus emociones deben ser desacralizadas. No es la pérdida de lo antiguo lo que más me importa, sino la ausencia de rastros de evoluciones y revoluciones que puedan definirse en la memoria. Es la decadencia consentida y aprovechada lo que me molesta, la construcción de una huida hacia adelante basada en el modelo que repite los ciclos de crisis e ignora la evidencia de una ciudad cuyos habitantes huyen para dejar huecos que vender replicando vídeos de promoción turística y burbujas culturales amaneradas.Ya lo dijo Bernardo de Morlaix: sólo quedan del origen nombres vacíos. Espero que del Cabildo de Arriba permanezca el nombre. Así, al menos, alguien podrá preguntar de dónde viene.

 

Los orígenes intelectuales del nacionalismo catalán (I): del carlismo a Hegel, y (II) El Catalanismo liberal, por el Dr. D. Felipe José de Vicente Algueró, presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Secundaria ANCABA

“Somos un pueblo”, repitió Puigdemont varias veces en su comparecencia del día 3 de octubre. Un pueblo, una nación, “ein Volk” en alemán. Y un pueblo es una nación y una nación ha de tener un Estado que encarna el “espíritu del pueblo”. Nacionalismo hegeliano. Fue Hegel quien transformó el nacionalismo liberal de principios del siglo XIX en una ideología totalitaria al servicio del Estado prusiano e influyó decisivamente en el carácter irracionalista, historicista y antiliberal de los nacionalismos posteriores, el catalán incluido. K. Popper ya denunció este nacionalismo como una ideología perversa y uno de los grandes enemigos de las sociedades abiertas.

 

La sociedad abierta popperiana es el Estado liberal de derecho que la civilización occidental ha ido alumbrando y consolidando a pesar de sus grandes enemigos: los irracionalismos románticos y los totalitarismos del siglo XX. Entre los irracionalismos románticos ya tenemos un buen ejemplo en la Cataluña del siglo XIX: el carlismo. La Cataluña carlista coincide casi exactamente con la Cataluña más independentista actual. Hasta el mismo Puigdemont tiene orígenes familiares carlistas. La principal característica del carlismo fue su rechazo frontal, religioso, sentimental y altamente emotivo del estado liberal. “El liberalismo es pecado” es el título del famoso panfleto de un clérigo catalán, Salvà i Sardany, quien por cierto firmaría hoy con gran regocijo cualquier manifiesto clerical a favor del independentismo, eso sí cambiando el título: “El constitucionalismo es pecado”. Lo que venía a decir Salvà es que del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia se deduce una sola opción política, la carlista, así que todas las demás están equivocadas. Eso es más o menos lo que dicen los sacerdotes independentistas, las monjas nacionalistas y los abades de Montserrat y Poblet: el que no piensa como nosotros no está en la onda del Evangelio. Supongo que eso debería pensar el inefable obispo de Solsona (tierra carlista pata negra) cuando participó en un acto ilegal el día 1 de octubre votando en la performance-votación. Su conciencia (neocarlista) debió de quedar tranquila.

 

El prudente León XIII rectificó tamaño dislate y reconoció que los católicos que participaban en la España liberal no iban al infierno por eso, en todo caso sería por los mismos pecados que podían cometer también los carlistas. Y como ponerse evangélicamente al lado de un pleito dinástico iba siendo cada vez más insostenible, Torras i Bages, un clérigo antiliberal de tomo y lomo, pero inteligente, purificó el carlismo en retirada para convertirlo en un catalanismo tradicionalista, ruralista y teocrático. Cataluña había salido casi de la mano de Dios, era anterior a cualquier Estado u organización social y, por lo tanto, el Estado liberal no hacía otra cosa que ir contra la misma voluntad divina, o sea, contra una Cataluña identitaria, pacífica, feliz en sus tradiciones y que no tenía nada que ver con ese maldito Estado liberal que nos convierte en simples ciudadanos cuando nosotros somos por encima de todos catalanes y, por supuesto, católicos, que es lo mismo. Torras era un obispo político hasta la médula, participó en la Asamblea de la Unión Catalanista que aprobó las Bases de Manresa, una especie de constitución catalana propuesta a los gobernantes del Madrid liberal que no hicieron mucho caso.

 

Las Bases de Manresa son una primera clave del nacionalismo catalán: el parlamento que proponen para la nueva Cataluña feliz era un parlamento orgánico, en que los diputados no eran elegidos directamente por los ciudadanos y a través de partidos, sino a través de gremios y corporaciones. Algo así como la democracia orgánica de las Cortes franquistas, que por algo bebieron su inspiración en la misma fuente tradicionalista.

 

No es de extrañar que a los liberales (incluso a los catalanes) este modelo de Estado catalán les pareciera un retorno a la Edad Media. Al pobre Valentí Almirall, que era catalanista y republicano, pero liberal, le hicieron la vida imposible porque el pensamiento único era entonces el marcado por Torras i Bages y el grupo en torno a la revista “La Veu de Montserrat” formados todos ellos en el carlismo más rancio y ahora evolucionados hacia un tradicionalismo gremialista.

 

Este es el primer cromosoma del nacionalismo catalán y que aún perdura: su absoluta falta de comprensión de lo que es el Estado liberal y constitucional, cuyos orígenes están en la teología cristiana (la escuela de Salamanca, Suárez y Vitoria) y en la Ilustración. El nacionalismo catalán no ha podido entender todavía lo que significa una “sociedad abierta”, aquella en que la política se basa en la racionalidad, el debate civilizado, la pluralidad, el pacto y el acuerdo. El principal garante de la sociedad abierta es el Estado de derecho cuya esencia descansa en el pacto o contrato de los ciudadanos entre sí, dando origen a las leyes y a las normas de convivencia que tienen como fin primordial la salvaguarda de los derechos de cada ciudadano. Y empezando por algo tan sencillo como el reconocimiento de la sociedad como formada por ciudadanos, no basada en un ente metafísico previo (la nación, la raza, la clase social…) y en la que las identidades religiosas, ideológicas o étnicas son respetadas, pero no son el fundamento del Estado.

 

 

Hegel impartiendo clase. Litografía de Franz Kugler, 1828

 

El hegelianismo vino después, alejando el nacionalismo tradicionalista de sus bases teocráticas y dándole un contenido más respetablemente filosófico. Para Hegel, el sujeto de la Historia no es la persona, el individuo o el ciudadano: es la nación. Mejor dicho, el Estado, porque previamente ha afirmado solemnemente que toda nación requiere un Estado propio que es la encarnación del “espíritu del pueblo”. Colectivismo nacionalista, pero colectivismo al fin y al cabo como sería el comunismo después. El individuo no existe, es una célula más de ese ente metafísico que es la nación. La libertad personal consiste en adecuar mi voluntad a la de la nación, no hay más voluntad que la general (Rousseau es un precursor) que una vez formada no admite disidencia ni discrepancia. Está claro: “somos un pueblo”, un único sujeto histórico y quien discrepa no es “pueblo”, es, simplemente, un paria desnortado que acaba señalado como un antipatriota, o sea, anticatalán. La apropiación obscena que los nacionalistas catalanes hacen de ideas como “pueblo catalán”, “Cataluña”, etc.… es hegelianismo en estado puro. Y luego viene lo demás: al único pueblo, al único espíritu, le corresponde un único partido, o mejor, un “movimiento nacional” en donde están partidos, asociaciones, clubes de fútbol, sindicatos, universidades, órdenes religiosas, medios de comunicación… Claro, si todos somos el mismo pueblo hemos de actuar al unísono. La libertad personal y ciudadana quedan literalmente fulminadas.

 

Lo que pasó los días 6 y 7 de septiembre es un buen ejemplo de lo anterior: el nacionalismo catalán, de orígenes carlistas y hegelianos, se carga en pocas horas el Estado de derecho, simplemente porque nunca lo ha entendido ni valorado. En las raíces del nacionalismo catalán hay una cultura antiliberal que imposibilita para comprender y aceptar con todas sus consecuencias el Estado liberal de derecho.

 

A Hegel, el nacionalismo catalán aún le debe más: su historicismo. Hegel ideó una teoría histórica de la nación. El “espíritu del pueblo” actúa a través de la Historia, se va manifestando en el tiempo como una especie de revelación divina actuante en hechos y acontecimientos. Es precisa, pues, una relectura hegeliana de la Historia en la que el sujeto es la nación, no las personas y su libertad. Hay que establecer todo un relato histórico a la luz del “espíritu del pueblo” y ponerlo al servicio de la construcción nacional. Y, por supuesto, transmitirlo a través de la educación para formar hombres y mujeres despojados de su libertad como ciudadanos y convertirlos orgullosamente en simples muescas de la maquinaria irracional del Estado hegeliano-nacionalista, rabiosamente antiliberal. Y algo más: para Hegel, la nación se autorrealiza en contraposición a otras naciones, desarrollando lo que hoy llamaríamos un supremacismo. La guerra es, para Hegel, algo positivo, porque une al pueblo y fortalece la nación. El desprecio más o menos implícito hacia otros pueblos, el uso de consignas que fomentan el rencor y antipatía hacia quienes no son “pueblo” derivan de esta necesidad de autoafirmación, que llega hasta el acoso físico de personas, incluso de menores. Las formas en que el nacionalismo catalán ha usado la animadversión como método político son variadas (“España nos roba”, llamar “fascistas” a los constitucionalistas…). En el fondo, el nacionalismo de matriz hegeliana atribuye al Estado (a la nación) una moralidad intrínseca. El bien o el mal es aquello que conviene o no a la nación. Así, todo está permitido, desde saltarse las leyes hasta depositar votos fraudulentos en unas urnas, manipular fotografías o mentir (“ningún banco se irá de Cataluña…”).

 

 

¿Y las CUP? ¿Qué tienen que ver en este panorama ideológico nacido del carlismo tradicionalista? Más de lo que parece. Las CUP representan otro componente ideológico: el anarquismo. Cataluña tierra de carlistas y de anarquistas. Y ambos coinciden en algo esencial: la incomprensión y desprecio hacia el Estado liberal de derecho. Nacionalismo hegeliano y anarquismo son enemigos declarados de las sociedades abiertas. Aunque tácticamente sean aliados, los objetivos son distintos. En un caso, hay que destruir el Estado liberal para sustituirlo por un Estado nacional; y en el otro, la liquidación del Estado lleva a sustituirlo por el colectivismo.

 

Pero, en ambos casos, la sombra de Hegel planea por igual. El hegelianismo es el padre del totalitarismo moderno, tanto del fascista como del marxista. Si sustituimos la nación o el “espíritu del pueblo” por “raza” tendremos el nazismo y si lo hacemos por “proletariado”, tenemos el marxismo y el anarquismo. En ambos casos, el ciudadano racional y libre es diluido en la nación o en la clase. En ambos casos su libertad personal consiste en adecuar su voluntad al Estado nacional o al partido que encarna la clase.

 

“Nación”, “clase social”, “pueblo”, “proletariado” se han convertido en mitos con gran capacidad de atracción de ilusos para los que razonar resulta aburrido. George Sorel era un marxista francés cansado de leer “El Capital” de Marx sin llegar a entender las sutilezas de sus cuatro largos y farragosos tomos. Marx era demasiado racionalista y su socialismo “científico” muy tedioso para movilizar a las masas. Sorel hizo una relectura irracionalista del marxismo, abandonando sus pretensiones argumentativas por el mito. Se dio perfectamente cuenta de que el proletariado o la lucha de clases elevados a la categoría de mito eran mucho más eficaces que los alambicados análisis de “El Capital”. Sorel introdujo en la política contemporánea el mito como sustitutivo del racionalismo marxista. Tanto el comunismo como el nacionalismo y los fascismos (una variante del nacionalismo hegeliano) encontraron el mito como banderín de enganche para atraer a las atribuladas masas necesitadas de paraísos en donde descansar sus sentimientos y cubrir sus esperanzas. La nación como mito entró en el discurso nacionalista y singularmente en el catalán. Por eso se hace tan difícil argumentar racionalmente con quien ha renunciado a pensar y subrogado su razón al sentimiento y a la esperanza de que llegue el mesías que traerá la tierra prometida de la nación independiente, feliz, próspera y sin clases, si añadimos al mito de la nación el del proletariado triunfante. El argumentario nacionalista se convierte en propaganda.

Los orígenes intelectuales del nacionalismo catalán (II): el catalanismo liberal

Afortunadamente y a pesar del empuje que tienen los populismos anuladores de la libertad, la civilización europea ha avanzado lo suficiente como para consolidar al Estado de derecho nacido del liberalismo como el modelo de la Unión Europea. En un club de Estados que tienen en común el constitucionalismo liberal y un afán de superar los etnicismos, no cabe el retorno al tribalismo y al colectivismo.

 

Francesc Cambó



A esa civilización basada en el Estado de derecho se sumó España a partir de 1978. Por supuesto, el nacionalismo hegeliano también cosechó frutos en España. El nacionalismo liberal nacido con la Constitución de 1812 fue herido por el terremoto hegeliano. La España franquista, singularmente en la década de 1940 y 1950 es un ejemplo de Estado nacional, secuestrado por un nacionalismo hegeliano que bebe de las mismas fuentes que el catalán: el carlismo y el tradicionalismo del siglo XIX. Si Torras y Bages se sentó en la asamblea de la Unión Catalanista, otros obispos lo hicieron en las Cortes orgánicas y en ambos casos supongo que muy a gusto. También se reelaboró una Historia de España en clave del “espíritu del pueblo”, del pueblo español totalitariamente absorbido por una minoría.

Pero España echó el nacionalismo hegeliano al basurero de la Historia en 1978, sumándose al modelo de los países más democráticos de Europa. La Constitución de 1978 no es una constitución nacionalista en el sentido hegeliano del término. Nuestra ley fundamental renuncia al centralismo, reconoce las nacionalidades y lenguas oficiales distintas al castellano. A nadie se le obliga a sentirse español y se amparan diversas identidades representadas por partidos políticos con credo nacionalista no español. La nación española se basa en el respeto al Estado de Derecho y nada más. No se desprende de nuestra carta magna un patriotismo españolista, sino un patriotismo constitucional al modo de Habermas. Lo que ahora está en juego no es una España nacional uniformadora, es el Estado constitucional, base de la convivencia en las sociedades civilizadas. La secesión no es solo el desmembramiento de un territorio, es la ruptura de las reglas de juego, del pacto entre ciudadanos libres e iguales que viven bajo el amparo de unas leyes comunes, que pueden cambiarse de acuerdo con unas reglas. Lo que está en juego es estar con la civilización europea superadora de los nacionalismos tribalistas o volver atrás en la Historia. Es optar por el razonamiento o la propaganda sentimentaloide.

Existe, afortunadamente, una Cataluña liberal y constitucionalista. También con raíces históricas. Liberales catalanes estuvieron en las Cortes de Cádiz y en los gobiernos liberales del siglo XIX. Uno de los grandes liberales españoles es Joan Prim i Prats, con ocho apellidos catalanes y presidente del gobierno constitucional de España entre 1869 y 1870. Los hombres que crearon la Lliga Regionalista (1901) aunque alguno viniera del carlismo (Prat de la Riba), otros, singularmente Cambó, eran liberales. Mientras los nacionalistas más hegelianos agrupados en la Unión Catalanista no querían saber nada de la España liberal, los jóvenes escindidos de ella se atrevieron a formar un partido político que aceptaba la Constitución de 1876.  Todo un anatema para los otros nacionalistas para quienes el catalanismo debía ser un movimiento nacional (la Unión Catalanista) y nada de partidos políticos porque esos hacían el juego al odiado Estado liberal. Al fin y al cabo, los nacionalistas de la Unión Catalanista no querían un parlamento con partidos, si no otro corporativo tal como defendían las Bases de Manresa que, por cierto, fueron fruto de la Unión.

El experimento de la Lliga es interesante e imposible de resumir aquí. Baste decir que los hombres de la Lliga (Cambó incluido) formaron parte de los gobiernos de España. Su credo ideológico era el “noucentisme” (novecentismo), una reacción racionalista y civilista contra el nacionalismo hegeliano omnipresente. El “noucentisme” alababa la obra bien hecha, la racionalidad, mesura y proporción inspiradas en el mundo clásico, en definitiva, el “seny”, la sensatez, como fórmula no solo de hacer política, también como distintivo para conseguir una sociedad armónica, trabajadora y pacífica.  El sumo pontífice del “noucentisme” fue Eugenio D’Ors, pero su egocentrismo le indispuso con los dirigentes de la Lliga y acabó instalándose en Madrid, donde evolucionó hacia el nacionalismo totalitario, se hizo falangista y acabó sus días como intelectual orgánico, y bien pagado, del franquismo.

Pero al llegar la República el nacionalismo liberal de la Lliga había sido desbordado otra vez por el nacionalismo hegeliano, irracionalista, sentimental y emotivista que fraguó en Estat Català y en la Esquerra Republicana de Cataluña. El antiliberalismo y el desapego a lo que es un Estado de derecho tiene su particular performance el 6 de octubre de 1934 en que Companys perpetró un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República. Y por el mismo motivo que ahora: el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró inconstitucional una Ley de Contratos de Cultivo. Pero Companys -lejos de entender lo que es un Estado de derecho-interpretó la sentencia como un ataque a toda Cataluña. Otra vez la consigna de “somos un pueblo”. El “espíritu del pueblo” había sido ultrajado y eso no podía consentirse. ¿Quién es un tribunal por muy alto que sea para sentenciar contra la nación catalana cuando esta nación es anterior y superior al Estado y cualquier tribunal?



Juan Prim y Prats, marques de los Castillejos (retrato por Luis de Madrazo, 1870)

Amadeu Hurtado, el abogado catalanista que hizo de mediador entre Companys y el gobierno central explica en sus memorias cómo le hizo llegar al “president” una oferta de solución pactada a la que Companys se negó porque por encima de todo quería la confrontación para tensar a las masas nacionalistas. Por algo los de Esquerra ya tenían sus agitadores preparados, sus “escamots” o grupos paramilitares dispuestos a las movilizaciones. Venían a ser una Asamblea Nacional Catalana, pero a lo bruto. El recurso a la calle, al griterío y a una supuesta “rebelión democrática” se superpone a la democracia constitucional. Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Cambian las personas, el trasfondo antiliberal sigue incólume.

El retorno de la democracia en España favoreció de nuevo un nacionalismo liberal catalán respetuoso con el Estado de derecho: Convergència i Unió. Pero su componente liberal no ha sido capaz de superar el envite que el renacido nacionalismo hegeliano -nunca definitivamente olvidado- ha hecho del catalanismo político. El relato irracionalista, sentimental y antiliberal ha vuelto a apoderarse del nacionalismo catalán. La atávica desconfianza del carlismo hacia el Estado liberal ha renacido (quizás nunca murió), sobre todo en las zonas de Cataluña en donde el tradicionalismo de Torras i Bages ha hibernado a la sombra de campanarios y masías recordando las gestas de las guerras carlistas cuando los heroicos soldados y los curas “trabucaires” luchaban contra el Estado liberal. No lo sabían, pero también luchaban contra la razón, la libertad y los valores políticos que cimentan la Europa de la que no se quieren separar, pero de la que ideológicamente están lejos. Y, por si a los europeos les queda alguna duda, que revisen lo que pasó los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

A modo de conclusión: el nacionalismo catalán mayoritario se mueve en un plano sentimental, emotivo, mítico y propagandístico que hace muy difícil el diálogo basado en una argumentación racionalista y jurídica. Mis intentos de argumentar sobre la base de los principios del liberalismo racionalista, fundamento del Estado de derecho, con independentistas irredentos son vanos. Por eso soy pesimista. Los irracionalismos del siglo XX no fueron derrotados por la fuerza de la razón si no por el desastre histórico que todo irracionalismo conlleva. Ojalá no haga falta llegar a demostrar lo endeble de sus promesas o las consecuencias económicas y sociales de un proyecto basado en ilusiones y no en razonamientos para pasar página en la Historia. El desastre se puede evitar. Pero quizás algunos nacionalistas hegelianos puedan ser sensibles a esta idea: una ideología que divide y enfrenta a toda una sociedad es moralmente inaceptable (perversa diría Popper) y solo puede llevar al fracaso. Por eso no soy nacionalista y soy liberal, porque el liberalismo y su expresión jurídica, el Estado de derecho, han sido capaces de conseguir un modelo de sociedad en donde caben todos, todos pueden expresarse y defender sus ideas, las discrepancias se resuelven en un marco legal conocido y la convivencia es el máximo objetivo de toda actividad política.

EL AUTOR ES CATEDRÁTICO EMÉRITO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, ESPECIALISTA EN EL LIBERALISMO ESPAÑOL. AUTOR DE “VIVA LA PEPA. LOS FRUTOS DEL LIBERALISMO ESPAÑOL”, “EL CATOLICISMO LIBERAL EN ESPAÑA” Y “DE LA PEPA A PODEMOS. HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA”

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